La desaparición de Santiago Maldonado seguida del demorado y sospechoso hallazgo de su cuerpo en las aguas del río Chubut, y el homicidio por la espalda de Rafael Nahuel cerca de Bariloche son algunas de las consecuencias más crueles y notorias de la feroz represión ejercida por las fuerzas de seguridad – federales y provinciales – tanto sobre comunidades nativas mapuche y tehuelche como sobre adherentes a la causa indígena, en el sur de Argentina. Las irrupciones ilegales en tierras comunitarias, los desalojos y demás actos violentos perpetrados por la fuerza pública encuentran fundamento en una declaración del ministro de Educación de la Nación argentina, en septiembre de 2016 en la localidad de General Roca, a orillas del emblemático río Negro, que instó a fomentar otra campaña de integración del sur y de sus pobladores, en referencia a la “Campaña al Desierto” del siglo XIX, ya “no con la espada, sino con la educación”.

El episodio al que se refirió directamente el ministro corresponde a una campaña militar que, a fines del siglo XIX, había desalojado a los nativos que poblaban las pampas y la Patagonia e incorporado ese vasto territorio al Estado argentino. Supuestamente, la segunda “Campaña al Desierto” habría de hacerse no en guerra y con armas, sino en paz y con educación. Pero las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel no son sino los más recientes episodios de una larga historia de devastación de las poblaciones indígenas regionales, que comenzó en el momento mismo de la invasión española y ha continuado sinuosamente hasta hoy.

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La historia de las prácticas violentas hacia los indios en la frontera sur

La invasión europea produjo en las comunidades nativas del sur del Río de la Plata y Chile una reacción que en general pasó de la curiosidad y la colaboración inicial a la resistencia armada ante un proyecto prontamente visible de desposesión territorial y subordinación política y social de los indios. Si los españoles habían conquistado y puesto bajo su control en América a numerosas poblaciones y amplios dominios, en este caso su expansión encontró límites de momento infranqueables, en parte por la falta de interés peninsular en los abiertos territorios pampeanos (carentes de recursos minerales de inmediata obtención y fuerza de trabajo local en abundancia), y en parte porque la resistencia de las poblaciones locales, que conformaban sociedades sin Estado, forzó a la constitución de una « frontera de guerra » que resultó más perdurable que el propio régimen colonial.

En el marco de esa disputa de largo plazo, la violencia fue moneda corriente. La historiografía liberal ha puesto tradicionalmente el foco en una parte de sus manifestaciones: los malones o invasiones que los indígenas hacían sobre los poblados y las estancias hispano-criollas, arriando sus ganados y tomando cautivos. Ha ignorado, a la vez, las variadas prácticas violentas que los invasores desplegaron sobre los nativos, en su intento de eliminarlos de la escena: estas explicaban casi siempre las motivaciones de aquellos, en tanto que represalias por los daños sufridos con anterioridad.

Durante todo el período de conflicto fronterizo, los españoles primero y los criollos después llevaron adelante una larga serie de incursiones armadas en territorio indígena que resultaron en masacres y toma de cautivos (especialmente mujeres y niños) y su posterior reparto como mano de obra para el trabajo doméstico. La historia de su cautiverio, menos transitada literariamente que la de sus pares cristianos, no fue grata: la reclusión inicial sometió a los cautivos a las enfermedades epidémicas mortales, y a los abusos de los carceleros; una vez repartidos entre las familias cristianas, esas iniquidades no se detuvieron. La desnaturalización, es decir el traslado forzoso de los indígenas capturados lejos de sus lugares de origen, fue otra de las maneras que utilizaron las autoridades estatales para sacar del escenario a líderes y seguidores que les resultaban molestos.

No sólo ocurrió que las leyes de la guerra, que se suponían vigentes en las contiendas europeas, no se aplicaran entonces porque los rivales indígenas no eran considerados parte de la civilización; sucedió además que (al menos desde la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776), se elaboraron planes de avance militar que suponían, al menos en la intención, la eliminación total de las poblaciones nativas. Que el avance y la desposesión final se hayan demorado hasta fines de la década de 1870 se debe más a la imposibilidad material de llevarlos adelante que a la ausencia del designio.

Si se ve el proceso en el largo plazo, los eventos puntuales no logran ocultar que se trató de una extensa disputa de apropiación del territorio y remoción de su población autóctona en tanto grupos autónomos o soberanos, ya fuera que luego se los eliminara o se los incorporara de forma subordinada a la población dominante (ambas cosas ocurrieron en distinta medida en diversos momentos). La disputa tuvo varios pulsos genocidas, durante los cuales el Estado y sus sectores sociales preeminentes lograron reunir la fuerza suficiente como para volcar su furia destructiva sobre los nativos.

El despojo violento del territorio indígena a fines del siglo XIX

Los bordes de estas inmensidades constituyeron durante todo el período colonial amplísimas fronteras que, más allá de las vicisitudes históricas, la corona no pudo transponer ni anular. Fue así, entonces, que los estados postcoloniales heredaron sendas situaciones fronterizas percibidas por sus elites dirigentes como un problema que tarde o temprano habría que liquidar; pero no era el único, ni en muchos casos el más urgente. Los inconvenientes surgidos de las guerras de independencia primero y luego de las guerras civiles impidieron prestar atención preferencial a la después denominada « cuestión indígena ».

Sin embargo, al paso que iban fraguando los intentos de formar estados nacionales fuertes y unificados, y las instituciones y recursos estatales se asentaban y multiplicaban, la atención pasó a dirigirse cada vez más a las « fronteras internas ». En la década de 1870, el estado nacional argentino ejecutó un paulatino avance sobre las tierras pampeanas y nordpatagónicas todavía en manos indígenas, que culminó en el sometimiento armado de sus poseedores, hecho efectivo en especial a partir de las campañas iniciadas en 1878-79. Esa acometida, culminación de un largo proceso de apropiación, respondía ideológicamente a un objetivo de remoción de todos los obstáculos que, definidos en términos de rémoras del pasado, pudiesen retrasar un progreso calificado como inevitable. La inserción argentina en el mercado mundial exigía la ocupación efectiva de los espacios que sirvieran para el cultivo, a la vez que el nuevo orden global no toleraba estados que no se mostrasen capaces de dominar sólidamente las tierras que reclamaban. Los pueblos nativos del sur quedaron incluidos en ese conjunto de escollos que inevitablemente deberían desaparecer.

La ejecución de las acciones políticas así inspiradas ideológicamente se tradujo en una ocupación violenta, previa eliminación, desbaratamiento o expulsión de las comunidades nativas. Las familias capturadas durante la empresa fueron desmembradas y sus integrantes individualmente incorporados más tarde como mano de obra rural, personal de servicio, o tropa de las fuerzas armadas, con el propósito de clausurar la futura reproducción biológica y cultural. Esas prácticas, que tenían amplios precedentes coloniales, se dieron ahora a una escala superior. Más allá de su justificación ideológica, la apropiación de esos territorios y su posterior reparto constituyeron un pilar fundamental del fortalecimiento de una clase dominante con fuerte base rural, cuyos intereses signarían el futuro político y económico del país.

Antiindigenismo, ayer y hoy

Todavía hoy las tierras continúan siendo objeto de disputa. Los recursos en juego ya no pasan por los ganados, sino por los depósitos y cursos de agua en cualquiera de sus variantes, los yacimientos hidrocarburíferos y los espacios de interés turístico existentes dentro de reservas nativas instaladas hace más de un siglo, cuando esos recursos (o su valor estratégico) aun no eran visibles ni justipreciados y únicamente se trataba de confinar a los vencidos a áreas marginales para la explotación agropecuaria.

Una imprecisa pero decidida argumentación eliminacionista ha comenzado a ser difundida por el gobierno y los grandes medios de comunicación, basada en una nueva estigmatización de los indios aprisionados en la categoría de otros amenazantes y en el cuestionamiento a la legitimidad de derechos y demandas, sin que gravite para impedirlo su expreso reconocimiento constitucional y legislativo.

A pesar del tiempo transcurrido, el anti-indigenismo sigue siendo una parte esencial de esa curiosa simbiosis ideológica liberal-nacionalista que suscriben las clases dominantes de nuestros países, de acuerdo con la cual los indígenas serían invasores extranjeros y los terratenientes e inversores estadounidenses o europeos, pacíficos vecinos bienvenidos.  El pasado, remoto en apariencia, muestra ahora de nuevo y descarnadamente sus vínculos con la actualidad.

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